En el año 2016, el Estado Nacional aprobó el Plan Nacional de Primera Infancia, una herramienta para garantizar el desarrollo integral y la promoción y protección de derechos a niños y niñas de cuarenta y cinco días a cuatro años de edad que viven en situación de vulnerabilidad social.

 

Desde entonces, las políticas públicas destinadas a la primera infancia se han enfocado en la ampliación de la cobertura de Espacios de Primera Infancia (EPI) en zonas urbanas y suburbanas. No obstante, es indispensable atender también las necesidades de la primera infancia rural a fin de garantizar la equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo físico, cognitivo y socioemocional para todos los niños argentinos.

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NUESTRO ENFOQUE

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A lo largo del año 2017, llevamos a cabo un estudio de factibilidad para la implementación de espacios de primera infancia en contextos rurales. El objetivo fue evaluar si las comunidades rurales argentinas cumplen con estándares mínimos para la instalación de un EPI y si son viables en términos de demanda.

 

Desarrollamos un modelo de factibilidad basado en criterios cuantitativos y cualitativos rigurosos y realizamos un relevamiento secuenciado y masivo de 759 comunidades rurales en 22 provincias de todo el país.

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